Por: Karen Lizeth Sotelo

 

Un caso en particular

 

Me dirigí al barrio Santafé, con el fin de encontrar una información más detallada acerca de algunos asesinatos que se han perpetrado hacia  trabajadoras sexuales pero fue muy difícil obtener una respuesta, tanto de la policía como de los establecimientos.  En primer lugar busque el CAI más cercano pero al requerir la información pertinente un policía me dijo  “Últimamente no se han encontrado este tipo de asuntos, muchas veces solo son agresiones físicas además los mismos establecimientos resuelven este tipo de casos”. Claramente no existe un reporte detallado acerca de los múltiples tipos de violencia que sufren las trabajadoras sexuales.

 

Siguiendo la búsqueda por encontrar algún caso  fui a un  establecimiento, donde  fue más difícil encontrar este tipo de información, allí hable con un hombre de seguridad porque no era apropiado interferir en el trabajo de las mujeres. Su nombre era José y llevaba alrededor de dos años trabajando en este establecimiento la única respuesta que recibí de aquel hombre fue “Es muy difícil que en este lugar revelen ese tipo de información, las personas no quieren hablar muchas veces de eso. Hasta la misma autoridad, ellos no hacen nada y también  en muchas ocasiones agreden a las trabajadoras.

 

Debido a la concepción negativa por parte de las instituciones, los medios y la sociedad sobre el trabajo sexual esta comunidad no es considerada como un sujeto que ejerce derecho manteniendo una postura lejana frente a esta problemática.

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El Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) encontró alrededor de 11.822 trabajadoras sexuales y 7.024 establecimientos de trabajo sexual, en los cuales según el Instituto Nacional De Medicina Legal desde el 2014 637 de estas  mujeres fueron asesinadas. En otras palabras la violencia contra  algunas mujeres ha incrementado alrededor de un 25%, el 98% de mujeres han tenido alguna experiencia de violencia. Así mismo la mayoría de estos casos de asesinatos hacia las trabajadoras sexuales son tratados como hechos aislados terminando muchas veces en la impunidad.

 

 Hasta este año se empezó formar un sindicato en donde Fidelia Suárez trabajadora sexual desde hace más de veinte años y líder desde hace siete años de la primera asociación de trabajadoras sexuales legal en Colombia, reunió a más de 600 mujeres del país que ejercen esta práctica con el fin de que se hicieran participes de uno de sus transcendentales objetivos: presentar un documento legal en donde se especifique y se exponga junto con 17 países los asesinatos a varias mujeres por su condición de género y así mismo de trabajo. “Nos reconocemos como trabajadoras sexuales porque el cuerpo es mi herramienta de trabajo, en mi cuerpo decido yo, en mi cuerpo mando yo. Es un trabajo. Presto un servicio y recibo  una remuneración”, dice Fidelia para un artículo de la revista KabinaK

 

A pesar de las pocas investigaciones que existen sobre estos hechos, hasta la fecha no se encuentra una información detallada frente a las formas y dinámicas de violencia que se ejerce hacia este grupo social determinado. En este sentido organizaciones como la asociación de mujeres en busca de la libertad Bogotá  (ASMUBULI) se reunió el 17 de septiembre del 2014  con el propósito de defender y mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales, además de la reivindicación de sus derechos fundamentales con el fin de generar alternativas de igualdad mediante la ley 079 de 2013 promoviendo una mejor calidad de vida hacia esta población.

 

La ley busca reglamentar y legalizar el trabajo sexual, criminalizar a los victimarios de determinados tipos de violencia,   y por ultimo beneficiar a los que ejercen esta labor. Fidelia Suárez Coordinadora Nacional de ASMUBULI dijo: “La iniciativa se basa principalmente en la protección frente a ciertos parámetros, eso es lo que realmente se necesita ya que somos mujeres y ejercer nuestro trabajo no nos hace diferentes a cualquier persona (…) no más estigmatización, vulneración, discriminación y violencia hacia los que ejercemos el trabajo sexual”.

En esta mesa asistieron diferentes entidades como la policía Nacional de Colombia, naciones unidas sobre el VIH (ONUSIDA), trabajadoras sexuales y así mismo se contó con la participación de Elena Eva Reynaga, Secretaría ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Allí se abordó  como tema principal la falta de legitimidad y justicia  frente a casos de explotación, Maltrato, deficiencia en la salud, violencia y asesinatos que sufren las trabajadoras sexuales no solo del país sino de América Latina. El proceso conllevo a exigir un marco totalmente legal frente a los derechos de las mujeres que ejercen el trabajo sexual.

 

Pero a pesar de que esta ley que cumple con proteger a las trabajadoras sexuales todavía se encuentran casos de asesinatos hacia estas mujeres los cuales aún no han sido reconocidos como tal, peor aún son censurados por parte de los medios. Es por esto que el pasado seis de febrero de 2105 algunas trabajadoras sexuales buscaron asistir a la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de sustentar y en definitiva denunciar diez crímenes perpetrados hacia las trabajadoras sexuales cometidos en Bogotá y otras partes del país, para que así mismo se logren investigar y se lleve a cabo la debida penalización ya que estos asesinatos quedaron en la impunidad. Fidelia Suárez asegura que “se acude porque en Colombia no se investigan los crímenes contra las trabajadoras sexuales por el oficio que ejercen y hay represalias cuando denuncian los casos.”